El ciclo económico y financiero de un país suele ser diferente al ciclo electoral o político. Esto hace que se fuercen las dinámicas del primero para adaptarlos a las necesidades del segundo. Lo vemos constantemente en otros ámbitos sociales. Hemos presenciado la puesta en marcha de legislaciones supuestamente avanzadas, y que desgraciadamente incorporaban precipitación, falta de planificación y/o conocimiento del asunto, y sobre todo un excesivo electoralismo. En definitiva, que los problemas económicos que verdaderamente impactan en la sociedad y que debían haber sido abordados hace tiempo, se dejan para que el siguiente gestor político lo resuelva en el siguiente ciclo electoral. La deuda pública, las pensiones, la vivienda o el gasto con excesivo sesgo político son ejemplos claros. Como son problemas que no tienen soluciones genéricas aceptables para el conjunto de los ciudadanos, el gestor de turno descubre o inventa nuevos problemas sociales para los que supuestamente tienen soluciones mágicas, dejando los problemas importantes para que se solucionen solos, o pasando la pelota al siguiente, o en última instancia que tengan que venir unos decisores externos a poner sentido común a la situación.
Como se puede ver en el gráfico 1, el saldo de las viviendas en poder de las administraciones públicas es prácticamente inexistente en comparación con el resto de agentes económicos. En concreto, en 2020 que es el último dato disponible es de 9.779 millones de euros (0,9% s/PIB). Por tanto, además de la falta de interés durante mucho tiempo por el asunto, es ilustrativo la falta de previsión y conocimiento del problema, y el exceso de electoralismo con el que se ha tratado el asunto durante los últimos meses. El sector financiero tampoco muestra gran interés aparente en la vivienda, entre otras razones por la regulación específica para este tipo de activos que tienen, y sobre todo porque lo tendrán canalizado a través de sociedades no financieras. Por tanto, el saldo de propietarios de viviendas está concentrado en los hogares y en las sociedades no financieras. El saldo de los primeros mantienen un crecimiento constante desde 2014 en consonancia con el incremento del PIB, y son los segundos los que han incrementado anualmente el saldo en viviendas duplicando o triplicando el ritmo de los hogares y del PIB.
Los últimos datos disponibles son llamativos. Mientras que el PIB descendió un -10,2% en 2020, el valor de las viviendas en manos de los hogares creció un 4,4%, mientras que el de sociedades no financieras se incrementó un 8,6%. El interés de estos últimos por el mercado de la vivienda ha sido intenso en los últimos años disponibles ( 2017: +6,3% | 2018: +10,4% | 2019: +10,3% ), debido fundamentalmente al trasvase de inversión de activos financieros sin riesgo con escasa remuneración (depósitos, deuda pública, etc) al mercado inmobiliario que presentaba mejor rentabilidad y escaso riesgo percibido. Esto ha generado que cada vez más la vivienda sea considerada como un activo donde invertir, y menos como un derecho básico de los ciudadanos.
Hay que anotar que el hecho de que aumente el saldo que poseen los agentes económicos en viviendas u otros bienes inmuebles no significa que haya aumentado el volumen de estos activos en poder de aquellos. Dicho incremento se explicaría en gran medida por la subida de precios de dichos activos, que en algunos segmentos podría calificarse como burbuja inmobiliaria. En el caso de las sociedades no financieras es donde sí se puede ver el aumento de la inversión dirigida fundamentalmente a la vivienda, que es el segmento donde piensan que mayor rentabilidad se puede obtener y tiene un menor riesgo percibido.
Esto último conecta con el mercado de alquiler de la viviendas. Hay un enorme parque de viviendas que son propiedad de los hogares, y que están en manos de propietarios que pudieron adquirirlas cuando el esfuerzo a realizar era razonable. Pero evidentemente es algo que pasó a la historia y hoy es mucho más difícil -por no decir imposible- acceder a una vivienda en propiedad. Esto provoca un trasvase de demanda significativo al mercado del alquiler. Las empresas que prestan servicios inmobiliarios o de promoción y tenencia de viviendas, analizaron correctamente la situación y adaptaron sus estrategias de negocio hace tiempo. También lo hicieron las familias que ante la falta de remuneración de su ahorro, y la incertidumbre percibida sobre la capacidad futura de las pensiones, han optado por centrar sus ahorros en activos no financieros, en concreto la vivienda.
La realidad es que el gran antídoto a largo plazo contra la pobreza y la inestabilidad económica y laboral de las familias, es tener viviendas asequibles que sean accesibles en propiedad. El constante estímulo cultural, económico e incluso político hacia el alquiler en detrimento de la propiedad, es algo que beneficia a los que plantean la vivienda como un activo donde invertir, especular o simplemente un mercado electoral donde captar votos. Por tanto, cada vez se aleja más de considerarse como un bien básico del ciudadano. Las Administraciones Públicas no han mostrado mucha atención hasta ahora al problema en cuestión, y actualmente los gestores políticos parecen mostrar cierto interés, conscientes de que cada vez afecta a una parte mayor de potenciales votantes. Al igual que es otras cuestiones de gran importancia social no existen soluciones genéricas que sean aceptables para el conjunto de la sociedad. Por tanto hay que hablar de soluciones óptimas en las que todo el mundo gana de forma equilibrada o pierde proporcionalmente. Por lo que se ve no es eso lo que está en la agenda política en estos momentos y la polarización social tampoco ayuda. Muy probablemente se termine legislando de forma precipitada y unilateral, de manera que pierdan la gran mayoría de ciudadanos en el medio y largo plazo. Es curioso que los expertos que saben del tema están callados o simplemente silenciados mediáticamente. Sólo transcienden las posiciones partidistas, polarizadas e irreconciliables de aquellos que quieren maximizar sus intereses económicos, políticos, electorales o ideológicos. Probablemente tengan que venir un decisor político externo para recordarnos que la solución requiera de aplicar más recursos, pero que éstos no son infinitos. Sobre todo cuando son ellos los que ponen las subvenciones y préstamos que hay que devolverles.