El saldo acumulado de operaciones no financieras del Estado a finales de marzo ha arrojado unas necesidades de financiación de 17.092 millones de euros, lo que supone un descenso del -16,7% respecto al mismo acumulado del año anterior. El mes de marzo ha registrado 6.469 millones de euros de superávit en términos de Contabilidad Nacional, utilizando los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) pactado con la Unión Europea. Si se compara con el mismo mes del 2012, cuya cifra fue de 3 millones de euros, la mejora es considerable. Por su parte, el saldo primario ha pasado de un déficit de 14.418 millones de euros en 2012 a 10.477 millones lo que también refleja el esfuerzo en la mejora de ingresos fiscales y de contención del gasto que se están realizando en el conjunto de las administraciones públicas del país. En concreto, la mejora del 27,3% en dicho saldo, aunque sigue generado deuda pública, representa una tendencia positiva en cuanto que, de seguir en el camino de la consolidación presupuestaria, un saldo primario positivo nos genera recursos con los que amortizar deuda y reducir intereses, pudiendo atender así otras necesidades de gasto.
Por la parte de los recursos no financieros, el saldo acumulado registrado en marzo ha sido de 23.996 millones, lo que supone un aumento del 6,1% respecto al mismo registro del año pasado. La partida acumulada de impuestos y cotizaciones sociales anota un descenso del -0,9%, destacando la subida de ingresos del 2,6% en el IVA, mientras que el IRPF acumula un descenso del -4,9% en gran medida por la disminución de la retribución a los empleado públicos. Las cotizaciones sociales por su partes han registrado un incremento del 5,2%. En términos generales los ingresos del Estado ha mejorado durante el mes de marzo en todas las partidas salvo en impuestos directos y en los ajustes por recaudación incierta que ha aportado un saldo negativo del 2.300 millones este año, mientras que en el 2012 fue de 3.165 millones de euros. Respecto al total de empleos no financieros -según el PDE- durante el primer trimestre del año, la cifra de 41.088 millones de euros, ha sido un -4,7% inferior a la registrada durante el mismo periodo del 2012. A destacar el descenso en la remuneración de asalariados públicos que lo ha hecho en un -1,7%, dejando la partida en 4.206 millones de euros. Por otra parte, las transferencias corrientes (-13,7%) y las transferencias de capital entre AAPP (-41,8%) también han registrado descensos, al igual que la formación bruta de capital (-7,8%). Por el contrario, se registran aumentos en el consumo corriente (+14,9%) y en la partida de intereses que lo hace en 522 millones de euros, un 8,6%.
La opinión sobre la finalidad y objetivos que el gasto público deben tener en la sociedad actual está muy polarizado en cuanto que hablar del descenso de este ha trascendido del ámbito técnico económico al debate social debido al gran impacto negativo que el desempleo está provocando. Nuestro país tiene un problema crónico de ingresos fiscales, que se ha puesto de manifiesto con la crisis. El fraude fiscal es un problema latente que es difícil atajar mientras los contribuyentes morosos no perciban la importancia que tienen dichos fondos en el mantenimiento del bienestar general, cuestión esta que se encuentra más en el ámbito cultura, legal y social, que en el económico. Las reformas de las figuras impositivas puestas en marcha han ido en la línea de cargar los impuestos directos (IVA y especiales), y los impuestos indirectos personales (IRPF), que transfieren recursos de las familias, o sea del consumo, a las administraciones públicas, mientras que los impuestos de patrimonio y el de sociedades han tenido una leve o nula reforma. La subida de impuestos era inevitable, ya que de otra forma la contención del gasto público tendría que ser aún mayor del que se está realizando. Es este aspecto por tanto se puede cuestionar el reparto entre las distintas fórmulas impositivas y agentes económicos que deben soportarlas, pero no la idoneidad de la subida, ya que ese debate traspasa el debate al ámbito ideológico y político, y por tanto al modelo de bienestar que quiere la población española en el futuro. Es absurdo olvidar que los ingresos públicos provienen básicamente de los impuestos de las personas y de las empresas, por lo que si se quiere un determinado nivel de prestación de servicios públicos básicos y/o no básicos, hace falta un volumen de ingresos permanente para poder absorber los pagos generados sin incrementar la deuda por gasto corriente, que finalmente pagaremos nosotros o nuestros hijos, y que los inversores no están dispuestos a financiar.