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| Fuente: FMI Fiscal Monitor 2012 |
La financiación pública de la economía española presenta para el trienio próximo un perfíl que no es muy diferente de otros países en términos de PIB. Así, según el FMI, para el presente ejercicio, los vencimientos de deuda representan el 14,9% del PIB, a lo que sumando el 6,0% de déficit previsto para este año, da un total del 20,9% del PIB. Gran parte de los vencimientos a largo plazo previstos para este año ya han sido refinanciados por el tesoro, y por tanto, el clima de tensión que se refleja en la prima de riesgo respecto al bono alemán se deben a otros factores que restan credibilidad a la deuda del país. España presente actualmente dos frentes de problemas financieros que afrontar; por un lado la consolidación fiscal supone un obstáculo a una situación económica muy dañada, y por tanto genera dudas sobre la capacidad futura de reembolso de la deuda emitida. Por otro lado, y quizás ahí radique el principal problema de confianza en la solvencia del país, es la situación del sector privado, y en concreto de las entidades financieras nacionales, en tanto que éstas presentan dentro de sus balances unos activos y pasivos inmobiliarios difíciles de estimar. Dependiendo del valor real de dichos activos y de la capacidad de recuperación de los pasivos, se necesitará una mayor o menor ayuda económica para poder despejar dudas y tener un sector financiero saneado. Distintos organismos e instituciones, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, piensan que las entidades financieras españolas necesitarán otros 60.000 millones de euros adicionales para conseguir sanear sus balances, y si no encuentran capital de inversores privados, el estado español tendrá que acudir aportando los fondos necesarios, algo que agravaría el déficit público, repitiendose un nuevo episodio de incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Las autonomías también están siendo un motivo de preocupación, pero las medidas puestas en marcha parecen que están en la línea de lo esperado por parte del resto de países comunitarios. En conclusión, la necesidades de financiación pública de la economía española rondará el 20% del PIB durante los próximos tres años, algo que puede ser absorbido por los mercados financieros, siempre que no existan elementos de riesgo que pongan en duda el cumplimiento de los planes de ajuste fiscal comprometidos por el gobierno. Esos elementos de preocupación son hoy por hoy el saneamiento real del sistema financiero español, y la corrección de los déficits que presentan algunas autonomías que disponen de poco margen para ajustar los gastos e incrementar la recaudación. Hay que tener presente que un recorte tan importante del presupuesto público, unido a incrementos de la recaudación autonómica y nacional, más un posible aumento del IVA para el próximo año, generará un descenso brusco del consumo privado, dificultando la generación de empleo y empeorando la capacidad recaudatoria de otros impuestos.