lunes, 1 de octubre de 2018

Panorama de la deuda pública española

La deuda pública en España sigue creciendo y parece que no hay expectativas de que este fenómeno cambie, al menos a medio plazo. Las necesidades de financiación del conjunto de las administraciones públicas españolas durante el segundo trimestre del ejercicio ha sido del -1,5% (2017: -1,8% | 2016: -2,3%). Esto supone que la diferencia entre recursos (ingresos) y empleos (gastos) según la Contabilidad Nacional ha sido negativo en 17.743 millones de euros en dicho trimestre (2017: -20.432 | 2016: -26.112).  Si descomponemos dicho déficit por niveles, tenemos que la Administración Central del Estado ha tenido un desfase de 4.296 millones de euros (21017: -7.415 | 2016: -12.031), mientras que la Administración Autonómica ha tenido un déficit de -5.860 millones de euros (2017: -6.326 | 2016: -6.330). Por su parte la Administración Local ha presentado un superávit de 13 millones de euros (2017: +810 | 2016:  +676). Por tanto como se puede ver, el déficit de las cuentas públicas continúa descendiendo aunque con un ritmo lento. Esta tendencia continuará en los próximos trimestres en la medida en que se vaya cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2020 establecidos en julio de este año: -2,2% en 2018, -1,3 en 2019 y -0,5% en 2020.  


La deuda ha crecido de forma exponencial en los años de la crisis, y no parece que haya posibilidad de revertir la situación al menos en los próximos años. La crisis financiera ha servido para poner en práctica la estrategia de "Too big to fail" para las finanzas públicas de los países, al igual que ha sucedido con sus sistemas financieros. La dinámica de hacer muy grandes tantos los déficit públicos como sus entidades financieras para convertirlas en sistémicas, hace que se presenten retos muy importantes para los próximos años, en la medida en que nos es lo mismo rescatar un país como España en 2007 con 384.000 MM€ y el 35,6 % de deuda sobre PIB, que en 2017 con 1.144.000 MM€ y el 98,3% de deuda sobre PIB. Es evidente que las repercusiones sistémicas para la finanzas europeas y mundiales son significativamente más peligrosas. De igual manera, la imposibilidad de revertir el crecimiento de la deuda pública de manera que sea sostenible a largo plazo, es cada vez más complicado en la medida en que el gasto estructural muestra una gran rigidez, y los ingresos en la práctica solo permiten incrementos muy limitados.


Podría decirse que en la actualidad, dentro de las preocupaciones de la sociedad española no está el excesivo crecimiento de la deuda pública provocado por la crisis financiera, ni el hecho de que hayamos alcanzado el límite de endeudamiento público posible para una economía desarrollada en crecimiento. El problema quizá no sea esa falta de interés de los ciudadanos, sino que ese desinterés está extendido entre los responsables políticos, que por motivos electorales o de preferencia temporal, no están haciendo pedagogía en lo referente a dicho problema. Por ello, es conveniente que desde otros sectores sociales se presente la situación financiera del país, y además se recuerde las implicaciones que una gestión desordenada de los recursos financieros públicos disponibles puede generar en el bienestar y el desarrollo futuro. Explicar los problemas que puede generar un endeudamiento excesivo tanto privado como público es fácil porque lo tenemos reciente, pero actualmente cuando se pone de manifiesto esta preocupación, el debate político se impone a cuestiones económicas y racionales. Es como si fuese imposible hablar de deuda pública sin que se le coloque una etiqueta ideológica a la persona o entidad que explicita el tema. En definitiva, pensar que la deuda pública tiene una solución básicamente política es un error, en la medida en que es la sociedad en su conjunto la que debe plantearse dos cuestiones: si el pacto intergeneracional existente es viable en el futuro tal como se pensó hace cuarenta años, y si el incremento del gasto estructural tiene verdaderamente margen para crecer teniendo en cuenta que los ingresos en la práctica no tienen tanto recorrido, y sobre todo que el ciclo económico impone sus límites en las fases recesivas.